EL DESAFÍO

Kazajistán se ha fijado un objetivo ambicioso: convertirse en un país de ingresos altos para 2029, lo que requiere reformas estructurales profundas y un enfoque significativo en el fortalecimiento del estado de derecho. El país busca mejorar su puntuación en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, pasando de 0.54 a 0.60 para 2029, abordando factores clave como la independencia judicial, la rendición de cuentas del gobierno, la corrupción y la protección de los derechos fundamentales.

Cliente: Banco Mundial, Ministerio de Justicia de Kazajistán
Servicios: Cambio Sistémico, Facilitación, Capacitación
Sectores: Justicia
2025 – 2026

NUESTRO ENFOQUE

En colaboración con el Banco Mundial y el Ministerio de Justicia de Kazajistán, Echo apoyó una tarea ambiciosa compuesta por dos componentes principales que tenían como objetivo fortalecer las capacidades de planificación estratégica, implementación, seguimiento, evaluación y aprendizaje del Ministerio de Justicia:

Planificación Estratégica: Análisis del desempeño institucional y de gobernanza de Kazajistán, mapeo de los objetivos y planes clave del sector justicia, y desarrollo de un marco piloto de resultados con productos y resultados claramente definidos.

Implementación Piloto: Echo lideró esta parte del trabajo, colaborando directamente con los equipos del Ministerio de Justicia para identificar metas a seis meses, analizar obstáculos de implementación, diseñar intervenciones focalizadas y establecer mecanismos de coordinación y rendición de cuentas.

El objetivo del proyecto piloto era aumentar la adopción por parte de la ciudadanía del servicio digital «Gabinete de Partes», una plataforma dentro del sistema AIS IPR que permite a las partes en procedimientos de ejecución hacer un seguimiento del progreso del caso, presentar apelaciones ante alguaciles y organismos de supervisión, y acceder a los documentos del caso en línea, todo ello con tiempos de resolución significativamente más rápidos (5 días hábiles frente a 15 a través de los canales tradicionales). Con aproximadamente 600,000 usuarios registrados, pero solo unos 6,000 que habían presentado apelaciones, el proyecto piloto tenía como objetivo alcanzar las 10,000 apelaciones impulsando el conocimiento y la adopción de este servicio poco utilizado.

EL IMPACTO

La fase activa del piloto (enero–abril de 2026) generó resultados que superaron ampliamente las metas establecidas:

Partiendo de una línea base de 7,019 solicitudes de apoyo registradas en enero de 2026, el equipo fijó una meta de 10,000 y logró superarla en un 154%, alcanzando un total de 25,377 solicitudes de apoyo en tan solo cuatro meses. El número de usuarios activos mensuales en la plataforma AdiletGov creció de 83,193 a más de 110,857 — un incremento del 92% — mientras que la tasa mensual de solicitudes de apoyo aumentó en un 261% en comparación con el periodo base.

Estos resultados se alcanzaron mediante la implementación y prueba de siete estrategias de difusión diferenciadas, entre ellas publicidad en salas de cine, contenido en redes sociales, centros de atención ciudadana, promoción a través de cámaras de alguaciles, materiales con códigos QR y optimización en tiendas de aplicaciones.

La experiencia permitió consolidar un modelo probado de alcance ciudadano y un marco de resultados que el Ministerio de Justicia puede ahora aplicar en futuros servicios digitales donde sea necesario fortalecer el conocimiento, acceso y participación de la ciudadanía.

Actualmente, ha comenzado una nueva etapa enfocada en la expansión y sostenibilidad de esta iniciativa.